Existe una foto que le dio la vuelta al mundo: una niña en llamas, huyendo del fuego después de haber sido quemada con napalm en Vietnam. El terror en su rostro, el dolor, el desconcierto, la fuerza instintiva para sobrevivir, está en esa imagen en blanco y negro. Una sola niña en llamas nos revela la capacidad que tenemos los adultos para generar horror y tragedia.
Con el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no fue un niño, no fue una niña. Fueron 104 criaturas asediadas por las llamas; 49 de ellas murieron en el fuego. Y la imagen es tan terrible, que en colectivo hemos decidido cancelarla. En su lugar se ha construido un antimonumento frente al Palacio de Gobierno en el estado de Sonora, con 25 cruces rosas y 24 azules; en la Ciudad de México existe otro antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, además del recién colocado frente a la Secretaría de Gobernación el 4 de noviembre del 2020, ante la no solución, a pesar de que padres y madres habían sido citados para ello.
Este 5 de junio se cumplen 12 años de la tragedia innenarrable. Este 5 de junio la justicia sigue convenientemente extraviada en el laberinto del tráfico de influencias, simulaciones, compradrazgos, complicidades, omisiones.
Soy de Hermosillo. Y por más que se extienda la ciudad, sigue siendo un pañuelo con muchos dobleces, en el que de alguna manera casi todos nos conocemos directamente o por referencia. Así puedo contar que un ex compañero de trabajo tenía a su niño en la Guardería ABC y sobrevivió, pero no así su sobrino; la amiga de una amiga era una de las cuidadoras de los infantes; y de igual forma, el vecino de cubículo de mi primer trabajo era uno de los dueños de la guardería; y la nuera de una ex alumna que tuve en un taller de lectura era también otra de las propietarias.
En la ciudad podías encontrarte en un centro comercial a uno de los sobrevivientes de la guardería, con las marcas en su piel y en su vida; y en un restaurante, a uno de los dueños impune, brindando con sus amigos con todo el cinismo en la mesa junto a la tuya.
Esa es una herida que sigue abierta en la entraña de nuestra comunidad. A 12 años del incendio, la justicia aún no se hace presente: aún no se nombra la tragedia en su totalidad, no se nombran a cada uno de los culpables con claridad, aún no son enjuiciados todos los responsables.
Y en ese mismo pañuelo en el que nos encontramos y coincidimos con todo el dolor, la injusticia y la rabia, también se dieron cita todos los tipos de corrupción posibles.
Cuando este caso abrió la cloaca del sistema de subrogación de guarderías, quedó a la vista que muchas de esas estancias habían sido asignadas a familiares y amistades de funcionarios. Se trataba de negocios redondos que caminaban “solos”: se contrataba a una directora, a cuidadoras, se conseguía una bodega amplia y se llenaba de infantes. Por cada infante admitido, los dueños cobraban la cuota a los padres y madres, y el gobierno daba un subsidio. Así que a mayor número de ocupación, mayor ganancia. Además, la Guardería ABC estaba en una nave industrial que se alquilaba a un familiar de uno de los mismos dueños; y mientras en 2007 el gobierno del estado pagaba una renta mensual de 38 mil pesos mensuales por la bodega en la que estaba la guardería, en el 2009 —año de la tragedia— se pagaba una renta mensual, con cargo al erario, de medio millón de pesos al mes.
Los dueños de la Guardería ABC resultaron ser el primer círculo del gobernantes y funcionarios a nivel estatal y federal: Gildardo Francisco Urquides había sido secretario de Finanzas del PRI; Matilde Gómez del Campo es prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón; Alfonso Escalante Hoeffer es cuñado de Ricardo Mazón, el principal empresario inversionista en gobiernos del PRI desde el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, muy allegado al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Hoy es inadmisible que las regulaciones, revisiones, protocolos de Protección Civil se hubieran aprobado. La guardería se encontraba contraesquina a una gasolinera y enseguida de una bodega de la Secretaría de Hacienda que no estaba registrada de manera pública y no contaba con revisiones de Protección Civil; aunado a esto, los materiales de la guardería eran altamente flamables, como poliestireno aislante, no había detectores de humo ni extintores y carecía de salidas de emergencia adecuadas.
Según los peritajes, el fuego inició en la bodega contigua y se propagó rápidamente a la guardería. La única salida de emergencia de la estancia infantil estaba bloqueada con un candado que se abría de afuera hacia adentro. Las 50 cuidadoras nunca pudieron abrirla durante el incendio para evacuar. La camioneta de un ciudadano que pasaba casualmente, golpeó contra la pared las veces necesarias para romper la pared y que pudieran desalojar el inmueble y rescatar a heridos.
En esa cadena de negligencias, omisiones, permisividad, favores, fueron cómplices desde autoridades federales hasta estatales y locales. La narrativa que se construyó muy pronto desde el gobierno del estado para exculpar a protección civil y a Hacienda fue replicada casi a calca por el gobierno federal. Al exculpar a Protección Civil, la responsabilidad última no llegaba a las figuras del Ejecutivo Estatal ni Federal.
En el nudo de complicidades, coincidió una coyuntura más. El año del incendio, 2009, era año electoral, con relevo en lo local y en lo estatal. Muchos de los involucrados tenían intereses electorales: Eduardo Bours cuidaba su carrera mediática rumbo a la presidencia; Ricardo Mazón (el cuñado de uno de los dueños) era el principal donante de las campañas del PRI; y quien firmó el contrato de arrendamiento por la bodega de Hacienda no registrada era candidato del PRI a la Alcaldía de Cajeme.
La tragedia fue aprovechada electoralmente, con todo el cinismo que cunde entre círculos de poder que navegan en la impunidad. Algunos peritajes e interrogatorios han dispersado la versión de que la bodega no registrada de Hacienda contenía evidencias de la corrupción en el gobierno de Eduardo Bours, y que hubo una orden expresa de que se incendiara la bodega. La justificación que dieron (un corto circuito en un aparato de clima artificial) no contó con evidencias, sino contradicciones en los registros e interrogatorios.
Se dio el relevo político del PRI al PAN en el gobierno del Estado de Sonora. E inmediatemente se creó el Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (CAICE) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender a las familias del caso ABC en sus necesidades psicológicas, médicas, terapias físicas y demás. Pero quienes medraron con la tragedia no tuvieron empacho en ir más allá. En 2018 se descubrió que algunos servicios, medicamentos y materiales estaban siendo tasados con un sobreprecio de hasta el 500 por ciento en algunos casos, en detrimento del erario y de los apoyos a las familias.
Cuando la SCJN finalmente atrajo el caso, dictaminó que todo sucedió debido a un desorden generalizado del sistema de subrogación de las guarderías del IMSS; incluso esta institución se vio obligada a publicar los nombres de los propietarios de las guarderías en el país, y entre los 1400 nombres se repetían apellidos de gobernantes y funcionarios, y sus amigos y parentela.
La tragedia de la Guardería ABC es un crimen de Estado. Bajo esta premisa, el 13 de marzo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que dio certeza jurídica a las víctimas de la estancia infantil, comprometiéndose a garantizar la atención médica de por vida a las víctimas y sus familias, así como pensiones vitalicias a partir de los 18 años. Pero esos apoyos no alcanzan para la justicia.
Por lo que en agosto de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la Guardería ABC y se comprometió a analizar a fondo los hechos “para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano”. La CIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no han avanzado al respecto.
Las víctimas y sus familias merecen justicia plena, que incluye no solo la sanción de quienes resulten culpables, sino también la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. Los infantes que perdieron su vida, las criaturas que hoy viven las secuelas de esa ominosa tragedia, las madres y los padres de las víctimas, necesitan que se investigue el “accidente”, se nombre, se juzgue y se sancione como crimen de lesa humanidad a las y los responsables.
Es vomitivo el argumento por el cual se exoneró a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella: ella, como priopietaria de la Guardería, “no tenía el deber de cuidado”.
Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los infantes que murieron en el incendio, migró de su activismo por justicia a ser una de las principales impulsoras de una legislación para que el Estado garantice el deber del cuidado. El Congreso de la Unión aprobó la llamada Ley 5 de Junio, la cual promulgó y publicó el Presidente de la República el 24 de octubre de 2011. En 2020, Patricia asesoró a una legisladora de Sonora, Wendy Briceño Zuloaga, para que la misma ley, llamada Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, tenga rango constitucional.
Sería un final feliz, en cuanto a que parte de la justicia plena es procurar la garantía de no repetición. Pero el manto de impunidad y privilegios sigue arropando a los responsables en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de la administración de gobierno; sigue cubriendo a esas familias a las que se les ocurrió hacer negocio con las vidas de niñas y niños, sin comprometerse a su cuidado, invirtiendo 50 mil miserables pesos que les reportaron ganancias millonarias y la impunidad hasta el día de hoy.
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